Posición Departamento Fundamentos Educativos UPR/RP ante P de C 1032 Plan Decenal Educación

Posición del Departamento de Fundamentos de la Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras ante el P de la C 1032


El Departamento de Fundamentos de la Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras reconoce la urgencia de transformar la educación en Puerto Rico. Los diagnósticos de problemas y asuntos centrales se conocen hasta la saciedad por largo tiempo: prioridad al estudiante en su necesidad, capacidad y contexto; igualdad en las oportunidades educativas; descentralización de procesos decisionales; desburocratización de la administración; democratización de la educación; atención a las condiciones de trabajo de educadores; capacidad de innovar y desarrollar proyectos alternativos en la educación; leyes y reglamentos racionales; pertinencia curricular; pedagogía adecuada; rol del estado y del sector privado; financiamiento educativo; recursos e infraestructuras; control de corrupción; rendición de cuentas; evaluación de resultados; planificación inteligente; conexión de investigaciones y prácticas; la ecología escolar; etcétera. En otros términos, se conocen los problemas, y por las pasadas décadas se han probado estrategias y tácticas ineficaces que complican la crisis educativa en el país. Aunque estas apreciaciones sobre el sistema educativo pueden hacer eco en el Proyecto de la Cámara 1032 (P de la C 1032), la propuesta provista como alternativa en este proyecto no lo transforma.

El Proyecto de Ley de la Cámara tiene como objetivo que se establezca como política pública la formulación de planes decenales. Por un lado, propone la aprobación misma de los planes, y por otro, establece de antemano estructuras y contenidos que configuran y delimitan la naturaleza de los planes a crearse. De partida se incurre en dos errores significativos. Primero, los necesarios y bien intencionados encuentros de diversos sectores de la sociedad para compartir impresiones sobre la educación en Puerto Rico se elevan a categoría de justificaciones para elaborar la ley, como si, por sí solas, esas conversaciones pudieran fundamentar una ley de tal envergadura, sin considerar conocimientos, teorías y prácticas en el campo de la Educación y las disciplinas que la nutren. Segundo, proponer como política pública la creación de planes decenales, pretendiendo legislar al mismo tiempo sus estructuras y contenidos, equivale a decretar por ley aquello que en Educación es -y debe ser- objeto continuo de reflexión y discusión.

Objetamos la aprobación de este Proyecto por las siguientes razones:
• Ausencia de una base conceptual que justifique el andamiaje complicadísimo del plan y de una filosofía educativa que dé sentido y dirección. El proyecto de ley omite fundamentos teóricos que lo expliquen y justifiquen. Carece de dirección clara, de una filosofía educativa que, aunque esbozada, dé sentido a la transformación que se pretende llevar a cabo.
• Desconexión de la realidad jurídica del estado y del gobierno. La política pública se establece constitucionalmente desde el Estado y por  organismos de gobierno que se eligen por mecanismos electorales, en una de las versiones de la democracia. La propuesta confiere esta responsabilidad a múltiples sectores de interés, la mayor parte pertenecientes a la llamada sociedad civil, lo que representa en efecto una privatización de la política pública educativa.
• Descontextualización de la realidad política y colonial de Puerto Rico. En aparente intento por eliminar la política partidista del sistema educativo del país, el proyecto -que busca convertirse en ley- carece de vinculación alguna con la realidad política de Puerto Rico. Al no tomar en cuenta las políticas y leyes federales que inciden y condicionan nuestro sistema educativo parecería que compartimos la soberanía de los países que se usan de ejemplo. Por otro lado, en su loable afán de des-partidizar nuestro sistema educativo, la propuesta no provee mecanismos para el logro de un consenso educativo entre las principales organizaciones políticas del país que asegure la continuidad de cualquier plan educativo más allá de un cuatrenio.  La propuesta confunde la reconocida necesidad de des-partidizar nuestro sistema educativo con la omisión de los contextos políticos y económicos que nos condicionan.
• Ausencia de compromiso con la educación pública como derecho. Un logro histórico del mundo moderno en las sociedades democráticas es reconocer la educación en cuanto bien público y derecho fundamental, cuya consecuencia es la escuela pública. El Proyecto es tímido y ambiguo en la responsabilidad con la educación pública.
• Minimización del rol crucial de la participación magisterial y estudiantil. Si algo sabemos de la praxis educativa –acciones educativas capaces de transformar- es que educadores y educandos son los sujetos principales de la educación. No se planifica para ellos, ellos deben ser el centro del pensar y accionar sobre la práctica.
• Invisibilidad del sector de educación superior: Universidad de Puerto Rico y universidades privadas. El capital intelectual que estudia las situaciones y problemas de Puerto Rico, con modelos de comprensión y recomendaciones de solución, proviene en gran medida de la educación superior, en la formación de sus egresados, el trabajo de investigadores, el quehacer de docentes y la participación de los estudiantes. El Proyecto parece ignorar la importancia del estudio superior en pensar y aportar al país.
• Desvinculación de las realidades del financiamiento educativo. Todo plan de política pública requiere una base de financiamiento, es decir, de qué fuentes provienen los dineros para los costos. ¿Cuál es el vínculo del Plan con fondos federales de EU en la relación colonial de dependencia?  Además, ante una realidad de reducción de recursos propios para financiar la educación, establece una cantidad cuantiosa de fondos para el proceso de elaboración del plan.
• Ausencia de una noción de democracia en cuanto a la metodología de participación ciudadana en la efectividad, la calidad y la ejecución en toma de decisiones. La democracia, en tanto principio de ordenación política, no exige ningún tipo específico de organización, pero tampoco excluye a priori ninguna organización que implique representación, delegación o conceptos similares. El problema reside más bien en encontrar en cualquier conjunto concreto de circunstancias, mecanismos institucionales que justifiquen la presunción de que decisiones políticas básicas contarían con el acuerdo de todos los afectados por las mismas si éstos pudieran participar sin restricciones en una formación discursiva de la voluntad política: es decir, si los ciudadanos pudieran alcanzar el consenso respecto a las cuestiones de políticas educativas básicas mediante su participación en una comunidad ideal de diálogo. Concurrimos en que el país necesita mayores y mejores espacios de participación democrática, especialmente en cuanto a la educación se refiere y reconocemos que estamos muy lejos de esta práctica, y por el contrario, habituados a su opuesto. No obstante, el P de la C 1032 y el propuesto mecanismo para la creación del Plan Decenal no provee ninguna orientación racional acerca de estos asuntos cruciales.

Estas objeciones son suficientes para no apoyar este proyecto y reafirmar la necesidad de buscar formas alternas para la concertación de voluntades en torno a la transformación del sistema educativo en Puerto Rico.